¿Se puede probar con testigos el pago realizado?

Es conocido que la mejor prueba es la documental, y que es a través de ésta que se prueban los actos jurídicos; sin embargo, los hechos jurídicos admiten todos los medios de prueba.

El Código Civil Dominicano, en su artículo 1341 indica:

 “Debe extenderse acta ante notario o bajo firma privada, de todas las cosas cuya suma o valor exceda de treinta pesos, aun por depósitos voluntarios; y no se recibirá prueba alguna de testigos en contra o fuera de lo contenido en las actas, ni sobre lo que se alegue haberse dicho antes, en, o después de aquellas, aunque se trate de una suma o valor menor de treinta pesos.” 

Pero el criterio de la Suprema Corte de Justicia no coincide con el citado texto legal, ya que la Sala Civil y Comercial consideró obsoleta la disposición del artículo 1341 del Código Civil. (Sentencia civil de fecha 10 de septiembre del 2014, expediente número 2010-4797)

Según dicha sala el texto legal citado forma parte del “antiguo Estado Legal de Derecho” y en la actualidad contamos con un “Estado Constitucional de Derecho” en el que no se rinde culto a la ley; además, que el mismo fue derogado, de manera tácita por la Ley 834 del 1978:

 “Considerando, que, en segundo lugar, merece resaltarse que la regla establecida en el citado artículo 1341 del Código Civil, forma parte del sistema de tarifa legal instituido en nuestro derecho con la adopción del Código Civil Napoleónico, que consiste, principalmente, en la determinación in abstracto por parte del legislador de la admisibilidad, producción y eficacia de los medios de prueba en justicia; que dicho sistema fue establecido en una época en la que el derecho estaba regido por el imperio de la ley y perseguía lograr uniformidad, certeza y economía en la administración de justicia, fundamentado en una desconfianza en la labor de los jueces; que en la actualidad nuestro derecho y nuestra administración de justicia han evolucionado, destacándose la transformación del antiguo Estado Legal de Derecho en el vigente Estado Constitucional de Derecho; que, producto de esta transformación el ordenamiento jurídico dominicano se sustenta actualmente en la defensa de ciertos principios y valores que transcienden al del imperio de la ley, como lo es el principio de justicia; que, la certeza lograda con la aplicación taxativa de un sistema de prueba tarifada vulnera el principio de justicia por cuanto hace prevalecer una verdad formal en perjuicio de la realidad de los hechos; que, de este modo se debilita además, tanto el derecho de defensa de las partes como la tutela judicial efectiva ya que se restringe de manera genérica la posibilidad de que las partes puedan ejercer sus derechos en aquellos casos en que no existe el medio probatorio específicamente establecido en la ley y, además, se coarta al juez en su labor de esclarecer los hechos de la causa a partir de otros medios de prueba sin que ello esté justificado en una violación concreta al debido proceso; que, en base a dichas deficiencias, la doctrina procesa lista más reconocida ha defendido la sustitución de dicho sistema por el de la libre convicción o sana crítica, que permite a las partes aportar todos los medios de prueba relevantes y al juez la libre apreciación de los mismos a condición de que exponga o motive razonadamente su admisión y valoración, postura que comparte esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia en virtud de lo expuesto anteriormente;”

Cada día más se hace necesario el manejo de las normas constitucionales, incluyendo los Tratados Internacionales, y estudiar el Derecho como ciencia (utilizando los métodos de la investigación jurídica) analizando más allá de los textos legales. 

¡No es lo mismo estudiar el Derecho que estudiar las leyes!

Misión, visión y valores

Padilla Maldonado-Abogados & Consultores

   Misión:

Brindar servicios jurídicos en las diferentes áreas del Derecho con los más altos estándares de calidad, garantizando soluciones confiables, de manera responsable, eficiente y con apego a la ética. 

Valores: 

Ética

Calidad 

Eficiencia

Innovación

Responsabilidad

Visión: 

Continuar siendo una firma de abogados comprometida en brindar a nuestros clientes soluciones confiables, con  apego a la ética y a  los más altos estándares de calidad; además, contribuir a la doctrina jurídica nacional; a la capacitación y la creación de espacios para el estudio y discusión de temas jurídicos.

¿ES POSIBLE DEMANDAR LA PARTICIÓN DE LOS BIENES OBTENIDOS POR UNA PAREJA DEL MISMO SEXO?

En algunos países del mundo es permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo, constituyendo familias homoparentales. Estas “familias” se forman de la siguiente manera:

a)    Por la unión de una pareja de hombres o de mujeres que se convierten en padres de uno o más niños a través de la adopción;

b)    Las parejas del mismo sexo que se convierten en padres a través de la maternidad subrogada o de la inseminación artificial en el caso de las mujeres;

c)    O bien, el caso de que uno de los miembros de la pareja haya tenido hijos de una relación consensual entre un hombre y una mujer,  y luego se una a una pareja del mismo sexo.

En la República Dominicana la familia sólo se constituye a través del matrimonio o a través de la unión consensual que reúna las condiciones del artículo 55 numeral 5 de la Constitución Dominicana:

a)              Entre un hombre y una mujer.

b)              Singularidad: que sea una unión singular, es decir, única.

c)               Estabilidad: que sea una relación estable, es decir, firme.

d)              Libres de impedimento matrimonial, es decir, que ambos cónyuges se encuentren solteros.

e)              Que formen un hogar de hecho, es decir, que de manera pública sean considerados como una familia.

En la República Dominicana las leyes no admiten la constitución de familias a través de uniones de personas del mismo sexo, ya que no es permitido el matrimonio entre éstos; y aunque formaran una relación consensual, ésta no surtiría efectos jurídicos.

Queda descartada la posibilidad de que una unión entre personas del mismo sexo pueda constituir una familia de hecho, ya que se exige que la unión sea entre un hombre y una mujer. Asimismo, la Ley 136-03 (Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) prohíbe la adopción a las parejas del mismo sexo.

A pesar de lo citado en lo expuesto en los párrafos anteriores y de los juicios que nos podamos hacer respecto a dichas uniones, no se debe desconocer los derechos patrimoniales que dichas parejas hayan adquirido en la unión, por lo que independientemente de la relación sentimental que pudiera existir entre estas personas puede probarse la existencia de una sociedad civil o de ciertos derechos inmobiliarios en copropiedad (cuando los inmuebles están a nombre ambos socios)

Lo citado en el párrafo anterior  no se debe confundir con una unión marital de hecho o unión libre, ésta queda totalmente descartada.

De igual manera, quienes tuvieron una relación consensual con una persona que está casada con otra puede reclamar su parte dentro de los bienes en los que haya aportado siempre que pruebe que existe una comunidad de bienes basada en una sociedad civil, independientemente de cualquier tipo de vínculo sentimental que pudiera existir entre éstos; ya que aunque la relación sentimental entre éstos no puede generar ningún efecto jurídico, puede darse el caso de que que tengan bienes comunes que haya que dividir.

Para fundamentar lo anterior  citamos el artículo 1832 del Código Civil que expresa: “La sociedad es un contrato por el cual dos o más personas convienen poner cualquier cosa en común, con el mero objeto de partir el beneficio que pueda resultar de ello.”

El artículo 1852 del indicado código indica: “Un asociado tiene acción contra la sociedad, no solamente por las sumas que haya desembolsado por la misma, sino por razón de las obligaciones que haya contraído de buena fe para los negocios de la sociedad y de los riesgos consiguientes a su gestión.”

En cuanto a la conclusión de la sociedad, el 1865 del Código Civil dispone: “Concluye la sociedad: 1ro. por la terminación del tiempo porque fue contratada; 2do. por la extinción de la cosa o por haberse consumado la negociación; 3ro. por la muerte de cualquiera de los asociados; 4to. por la interdicción declarada o la insolvencia de uno de ellos; 5to. por la voluntad que uno solo o muchos manifiesten de no estar más en sociedad.”

EL BIEN DE FAMILIA INEMBARGABLE.

La familia, como fundamento de la sociedad y espacio básico para el desarrollo integral de las personas, debe ser protegida por el Estado. La libertad para formar una familia es parte de los Derechos Humanos. El Estado debe establecer  políticas a los fines de lograr el desarrollo integral de todos los miembros de la familia y la seguridad de éstos, a través de la creación de leyes que protejan los miembros  y su patrimonio

El artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 17 establece: “Protección a la Familia.  1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.

Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención.”

El artículo 55 de la Constitución de la República Dominicana del 26 de enero del 2010 en su numeral 2 expresa: “El Estado garantizará la protección de la familia. El bien de familia es inalienable e inembargable, de conformidad con la ley;…”

Es entendible que el Estado se interese en proteger el patrimonio familiar, ya que éste es fundamental en la estabilidad económica de ésta y el sustento.

Para preservar el “Bien de Familia”  fueron creadas la Ley número 339 de Bien de Familia del 22 de agosto de 1968 y la Ley 1024 sobre Constitución de un Bien de Familia Inembargable, del 24 de octubre del 1928.

El bien de familia es inembargable, es decir es excluido de la ejecución forzosa; además son intransferibles, excepto cuando el Estado autoriza la cesión de éste previa justificación de los motivos por los cuales debe realizarse la transferencia. En consecuencia, no puede ser gravado por ningún tipo de garantía.

Algunos inmuebles quedan constituidos, de pleno derecho, como bien de familia inembargable, desde el momento en que son adquiridos, es el caso de las viviendas y parcelas donadas o cedidas por el Gobierno las cuales se consideran bien de familia, sin necesidad de agotar ningún procedimiento judicial a tales fines.

La Ley número 339 de Bien de Familia del 22 de agosto de 1968, en su artículo 1, establece: “Los edificios destinados a viviendas, ya sean del tipo unifamiliar o del tipo multifamiliar, que el Estado transfiera en propiedad a los particulares, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, mediante los planes de mejoramiento social puestos en práctica por los organismos de autónomos del Estado, o directamente por el Poder Ejecutivo, quedan declarados de pleno derecho, Bien de Familia.”

El artículo 2 de la referida ley dispone: “Dichos edificios no podrán ser transferidos en ningún tiempo a otras personas sino cuando se cumplan las disposiciones de la Ley 1024, que instituye el Bien de Familia, de fecha 24 de octubre de 1928, modificada por la Ley 5610 del 25 de Agosto de 1961, y con la previa autorización del Poder Ejecutivo, en los siguientes casos: 

a)       Traslado necesario del propietario a otra localidad; 

b)       Enfermedad del propietario o sus familiares que requiera el traslado para la curación; 

C)       Notoria penuria económica del propietario para continuar los pagos, cuando se trate de una donación. 

Párrafo.- En caso de concederse esta autorización, el traspaso, para ser valido, deberá ser objeto de un nuevo contrato substitutivo del anterior suscrito por el Administrador General de Bienes Nacionales, el propietario actual y el nuevo adjudicatario, debiendo este ultimo ser escogido por el Poder Ejecutivo, el cual podría ser una persona indicada por el propietario si reúne las condiciones morales y de escasos recursos económicos que se requieren para  de adjudicaciones. Si el Poder Ejecutivo concede la autorización, deberá en un plazo de un mes, escoger a! nuevo adjudicatario. Pasado este plazo, se reputará que ha sido aprobado el señalado por el propietario actual.”

Cada nuevo adjudicatario estará sujeto a los mismos requisitos señalados para la validez del; traspaso de la propiedad.”

El artículo 3 de la misma ley indica:  “También quedan declaradas de pleno derecho Bien de Familia, las parcelas y viviendas traspasadas definitivamente por el Instituto Agrario Dominicano (IAD) a los agricultores en los asentamientos destinados a los proyectos de la reforma agraria.”

Otros inmuebles no son, en principio, bienes de familia; sin embargo, el propietario decide afectarlo y constituirlo en virtud del artículo 1 de la Ley No. 1024 sobre Constitución de un Bien de Familia Inembargable, de fecha 24 de Octubre de 1928 (Modificado por Ley 5610 del 25 de agosto del 1961) que establece: “Se puede constituir, en provecho de cualquier familia, un bien inembargable que llevará el nombre de bien de familia.

Los efectos de la constitución de bienes de familia son:

a)      No puede ser vendido ni cedido, a menos que el Poder Ejecutivo, previa solicitud hecha por el propietario del inmueble, y siempre que se reúnan ciertas condiciones especificadas en la ley, autorice la transferencia;

b)      El bien de familia es inembargable, es decir, no puede se puede expropiar a los dueños de éste, mediante las vías de ejecución, es decir, no es susceptible de embargo.

A pesar de lo anterior, con frecuencia algunas personas compran inmuebles sin la previa investigación que deben hacer acerca de la naturaleza del derecho de propiedad de éste, por lo que luego del comprador haber pagado el precio (que es cuando decide consultar un/a abogado/a) se encuentra con la “sorpresa” de que no puede obtener certificado de título que avale su derecho de propiedad debido a que la compraventa se realizó al margen de la ley (sin haberse desafectado dicho inmueble).

Muchas personas desconocen que el Estado busca, precisamente, proteger dichos inmuebles impidiendo tanto la transferencia como el embargo.

Evolución de los Derechos de la Mujer Dominicana

Con anterioridad a la fecha 18 de diciembre de 1940 la mujer estaba incluida en la lista de incapaces, debido a la supuesta “debilidad de su sexo”; en consecuencia, no podía realizar actos jurídicos ni ejercer el voto electoral, ni ser tutora o protutora, tampoco figurar como testigo en ningún acto, ni otorgar testamento, ni ejercer el comercio, ni abrir cuentas corrientes o de ahorros, etc.

La mujer casada podía realizar ciertos actos jurídicos si contaba con el consentimiento de su esposo.

Fue con la Ley 390 del indicado año que se concedió capacidad civil a la mujer dominicana. 

El artículo 1 de dicha Ley, establece: “Se declara que la mujer mayor de edad, sea soltera o casada, tiene plena capacidad para el ejercicio de todos los derechos y funciones civiles, en iguales condiciones que el hombre…”

A pesar de los avances en cuanto a la capacidad civil de la mujer, todavía ésta no estaba inscrita en el registro de electores, y es en el año 1942 con la Ley 391 que se creó un registro para cédulas para mujeres y se le permitió por primera vez ejercer derecho al voto en las elecciones.

Sin embargo, el esposo continuaba siendo el “cabeza de familia”, y es en el año 1978 que deja de serlo legalmente,  mediante la Ley 855 de el indicado año, que modificó el artículo 213 del Código Civil para que en lo adelante estableciera: “Los esposos aseguran juntos la dirección moral y material de la familia, proporcionan la educación de los hijos y preparan su porvenir.

La mujer casada tiene la misma capacidad civil que la mujer soltera. El régimen matrimonial que adopten los esposos no puede contener ninguna restricción a la capacidad civil de la esposa que no se halla expresamente consignada en la Ley.”

La Ley 855 de 1978, modificó el Código Civil de la República Dominicana en lo que concierne a la “patria potestad” (hoy día autoridad parental), y estableció por igual, entre el padre y la madre, dicha autoridad; en tal sentido, el indicado código en su artículo 371-1, expresa: “El hijo permanece sometido a la autoridad de sus padres hasta su mayor edad o emancipación.”

De igual manera, el artículo 371-2 del indicado código dispone: “La autoridad parental pertenece al padre y a la madre para proteger al hijo en su seguridad, salud y su moralidad. Ellos tienen a su respecto, el derecho y el deber de guarda, de vigilancia y de educación.”

En relación a los hijos menores de edad, los esposos comparten la autoridad parental. Expresa el artículo 371-2 del Código Civil: “La autoridad parental pertenece al padre y a la madre para proteger al hijo en su seguridad, salud y su moralidad. Ellos tienen a su respecto, el derecho y el deber de guarda, de vigilancia y de educación.”

A pesar de la ley 855 haber establecido que el hogar es dirigido por ambos cónyuges, el esposo el marido continuaba actuando como “cabeza de familia” al continuar siendo el único administrador de los bienes de la comunidad matrimonial; éste podía disponer de dichos bienes sin consentimiento de la esposa. El artículo 1421 del Código Civil establecía: “El marido es el único administrador de los bienes de la comunidad. Puede venderlos, enajenarlos o hipotecarlos sin el concurso de la mujer”.   

El referido artículo fue modificado por la Ley 189-01, del 22 de noviembre del 2001, y en la actualidad, dicho artículo 1421 indica: “El marido y la mujer son los administradores de los bienes de la comunidad. Pueden venderlos, enajenarlos o hipotecarlos con el consentimiento de ambos.” Es decir, actualmente, la mujer también es administradora de los bienes de la comunidad, y para disponer de éstos debía ser con el consentimiento de ambos cónyuges. 

¿Sabías que es una obligación la asistencia en favor del cónyuge, hijos mayores de edad, padres y ascendientes?

 

 Es común que las personas conozcan acerca de la obligación alimentaria de los padres con sus hijos menores de edad; sin embargo pocos conocen que existen otras personas a las cuales se les debe asistencia: al cónyuge, padres, ascendientes (padres, abuelos, bisabuelos) e hijos mayores de edad.

La obligación de asistencia a los padres y ascendientes se encuentra establecida en el artículo 205 del Código Civil según el cual: “Los hijos están obligados a alimentar a sus padres y ascendientes necesitados”;  y la de los cónyuges, en el artículo 212 del Código Civil dispone: “los cónyuges se deben mutuamente fidelidad, socorro y asistencia.”

Dicha reclamación de asistencia se conoce en el Juzgado de Paz, en virtud de la parte in fine del artículo 5 del Código de Procedimiento Civil.

Las indicadas obligaciones fueron, durante mucho tiempo, sólo de carácter moral, ya que no se contemplaba ninguna sanción a su incumplimiento; sin embargo, a partir de la promulgación de la Ley 24-97 contra Violencia Intrafamiliar, de fecha 28 de enero de 1997, se agregaron algunos artículos al Código Penal de la República Dominicana en los cuales se establecen sanciones penales aplicables a los hijos que incumplieran con su obligación alimentaria con sus padres y ascendientes, así como a la obligación de asistencia entre los cónyuges.

El artículo 357-4 del Código Penal (agregado por la indicada ley) establece: “Será castigado con prisión de tres meses a un año y de una multa de quinientos a quince mil pesos toda persona (hombre o mujer) que, desobedeciendo, sea una decisión dictada contra ella en virtud del Párrafo 4to. del artículo 214 del Código Civil, sea de una ordenanza o de una sentencia que lo condene a pagar una pensión alimenticia a su cónyuge, a sus ascendientes, o a sus descendientes, sea de una sentencia habiéndolo condenado a pagar prestaciones o pensiones a un hijo o hija, ha permanecido, intencional o voluntariamente más de dos meses sin suministrar la totalidad de las prestaciones determinadas por el juez ni pagar el monto integral de la pensión.

Las mismas penas son aplicables a toda persona (hombre o mujer) que, después del divorcio, separación de cuerpos o anulación del matrimonio, ha permanecido, intencional o voluntariamente, más de dos meses sin pagar enteramente a su cónyuge o a sus hijos, las prestaciones y pensiones de toda naturaleza que les sean adeudadas, en virtud de una sentencia o de una convención judicialmente homologada, o al concubino o concubina o el conviviente o la conviviente que durante más de dos meses ha dejado de pagar las pensiones y prestaciones a sus hijos o hijas, adeudadas en virtud de sentencia.”

De igual manera, el referido artículo 357-4 del Código Penal, más adelante, dispone: “Toda persona (hombre o mujer) condenado(a) por uno de los delitos previstos en el presente artículo y en el artículo precedente podrá, además, ser privado durante cinco años por lo menos y diez a lo más de la interdicción de los derechos mencionados en el artículo 42 del Código Penal.”

En otras palabras, quien incumpla con las obligaciones de asistencia a sus padres, ascendientes, descendientes o cónyuge podrá ser privado del ejercicio de los derechos cívicos, civiles y de familia que se citan a continuación: a) Derecho de votación y elección; b) Derecho de elegibilidad; c) Derecho de ser jurado o nombrado para ejercer otras funciones públicas, o para los empleos de la administración; d) Derecho de porte de armas; e) Derecho de votación o sufragio en las deliberaciones de familia; f) Derecho de ser tutor o curador de otras personas que no sean sus propios hijos, y con el asentimiento de la familia; g) Derecho de ser expertos o servir de testigo en los actos públicos; h) Derecho de prestar declaración en juicio, a no ser que se reciba como simple noticia.

En conclusión, luego de la entrada en vigencia de la Ley 24-97 contra Violencia Intrafamiliar es considerado un delito el incumplimiento a las obligaciones alimentarias establecidas en el Código Civil a favor de los padres y ascendientes, y a la asistencia entre los cónyuges, puede dar lugar una condena a prisión desde tres meses a un año; además de la pérdida de los derechos cívicos, civiles y de familia.

En cuanto a los suegros, que son los padres políticos, el Código Civil dispone el deber de asistencia por parte de sus yernos y nueras; expresa dicho código en el artículo 206: “Los yernos y nueras están igualmente obligados a prestar alimentos, en análogas circunstancias, a sus padres políticos, pero esta obligación cesa: Primero: Cuando la madre política haya contraído segundas nupcias. Segundo: Cuando hayan muerto el cónyuge que producía la afinidad y los hijos tenidos de su nuevo matrimonio.”

De igual manera, el artículo 207 del Código Civil dispone que los suegros deben asistencia a sus hijos, yernos y nueras, conforme a la necesidad del que reclama dicha obligación y en proporción a las posibilidades del que debe suministrarlos.

Sin embargo, el incumplimiento a la obligación alimentaria en los casos de los suegros, yernos y nueras  no conlleva sanciones penales.